Es de conocimiento público que nuestro sistema judicial adolece de serias deficiencias. Quien acude a él sabe que no necesariamente encontrará justicia, pero sí que tendrá que esperar mucho tiempo para la discusión de su demanda.

En ese sentido, el nombramiento de jueces y el control de los mismos se revisten de especial relevancia para la esperanza de que el sistema mejore en algún momento. Lamentablemente, cada día se dan casos en los que se atenta contra el buen funcionamiento de estas tareas. Aquí un ejemplo de ello.

La jueza del 7° Juzgado Constitucional, Malbina Saldaña, fue sancionada debido a una falta grave por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), por considerar que había desnaturalizado el mandato de una sentencia y había violentado la cosa juzgada. Ello en un juicio referido a la empresa Pesquera Mar, que viene pretendiendo un triple resarcimiento del Estado, en un caso que por las graves irregularidades que ha presentado (como la presunta intervención de Belaunde Lossio para favorecer a la empresa), podría considerarse en la actual coyuntura como el “Odebrecht de la pesca”.

Por su parte, el juez del 5° Juzgado Constitucional, Hugo Velásquez Zavaleta, también fue sancionado por la Odecma en un caso distinto.

Ambos jueces optaron por presentar –cada uno por su lado demandas de amparo contra las respectivas sanciones recibidas de la Odecma, a fin de neutralizarlas y dejarlas sin efecto.

La demanda de la jueza Malbina Saldaña llegó al despacho del juez Velásquez, quien con inusual celeridad la admitió a trámite. Entonces, se advirtió al juez Velásquez de su conflicto de intereses, dado que él mismo había demandado a Odecma cuestionando su propia sanción; entonces se le pidió al juez abstenerse por decoro o delicadeza, pero él lo rechazó.

En días pasados, el juez Velásquez ha dado la razón a la jueza Saldaña. Declaró fundada su demanda, anuló la resolución que determinó la falta grave y sanción, y ordenó a Odecma expedir una nueva resolución en el plazo de dos días.

En su sentencia, el juez se aparta de los fundamentos de la demanda, incorporando, con creatividad también inusual, argumentos nuevos de su cosecha; parece defender a la parte demandante antes que merituar de manera imparcial los argumentos esgrimidos por las partes.

Así, aunque parezca inverosímil, un colega de la quejada anuló la sanción expedida por la Odecma, órgano especializado del Poder Judicial que tiene a su cargo velar por la transparencia, la honestidad y el buen desempeño de los jueces.

Hechos como estos muestran a la Ocma y a sus Odecmas que se supone que son la única vía que tienen los ciudadanos para cuestionar la imparcialidad de los jueces- como instituciones débiles, sin capacidad real de evitar que malos jueces queden impunes en sus actuaciones irregulares.

La actuación del Poder Judicial en este caso realmente desampara, no solo a quienes presentamos la queja contra la jueza, sino a todos los peruanos, quienes no tendremos una vía sólida y eficaz para cuestionar a malos jueces que incurren en probadas irregularidades.

Nos desampara aún más en la medida en que como país anhelamos contar con un Poder Judicial en el cual la ciudadanía confíe, un Poder Judicial íntegro y objetivo, en el cual no gobierne el tristemente célebre refrán “otorongo no come otorongo”.

Los peruanos estamos cansados de la impunidad. Fortalezcamos a la Ocma y combatamos las malas prácticas de los jueces. Que se haga justicia. Que quienes quieren socavar el funcionamiento del control en el sistema judicial reciban una sanción ejemplar. Que los amparos no nos desamparen.