Precisiones en torno a la ley de cuotas de pesca

Desde la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) consideramos que persisten algunas confusiones y mitos en torno a la Ley de Cuotas de pesca de anchoveta que es oportuno aclarar:

Lima, 04 de mayo de 2018.- En primer lugar, los aportes que hace la pesquería de anchoveta por acceder al recurso ascienden hoy a US$ 15 por tonelada métrica de pescado. Dentro de ello, el derecho de pesca representa el 27%. En comparación con otras pesquerías nacionales, la anchoveta paga más de 10 veces lo que cualquier otra. En comparación con otras industrias, de acuerdo con un estudio de Ernst & Young, la pesquería paga incluso más que la minería (https://www.snp.org.pe/wp-content/uploads/2018/02/2017-11-23-Ernst-Young-Cargas-Tributarias-y-Aportes.pdf). Asimismo, en comparación con otros países, no es cierto que el pago sea uno de los más bajos de la región. De hecho, el pago asciende a US$ 15 por TM de anchoveta, con lo cual se paga al Estado casi 8% de los ingresos de la actividad extractiva. En Chile el pago es similar al Perú, en Canadá se paga 5%, en Estados Unidos se paga 3%, en Nueva Zelanda también 3%; en otros países el porcentaje no llega a 1%.

En segundo lugar, esta norma es una ley de ordenamiento pesquero, y como tal no tiene plazo de vigencia. Por tanto, es incorrecto señalar que la Ley estableció una vigencia de 10 años. Lo único que caduca en 2018 es el aporte social de US$ 1,95 por tonelada de pescado descargado, creado para atender la problemática de jubilados afectados por la quiebra de la Caja del Pescador. Mientras que en otras industrias y sectores ha sido el Estado Peruano quien ha asumido el pago de pensiones frente a la quiebra de cajas similares, en este caso es la industria la que solidariamente ha asumido esta responsabilidad. En adición, vale precisar que al US$ 1,95 luego se estableció un pago de S/ 3,92 para este fin.

Hay que recordar, además que existen contratos de estabilidad firmados con varias empresas que si bien tienen vigencia de 10 años, recién vencen entre el 2020 y 2026. Independientemente de ello la Ley General de Pesca, establece que los permisos de pesca vigente no caducan salvo incumplimiento legal flagrante del armador. No respetar los contratos y licencias de pesca vigentes sería una expropiación y favorecería únicamente a empresas extranjeras que tienen el poder económico para hacerse de la mayor parte de la cuota. Al respecto, la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) resalta que los Estados deben dar “reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia”, como lineamiento para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y por tanto la seguridad alimentaria futura.

En cuanto al impacto sobre la Ley de Cuotas sobre la sostenibilidad del recurso, los datos oficiales del ente científico IMARPE dan cuenta que la biomasa de anchoveta se ha mantenido estable entre 6 a 12 millones de TM en los últimos 15 años (crucero de verano). Es más, la última medición del 2018 mostró una biomasa de 10.9 millones TM, 35% por encima del promedio de los últimos 25 años. Esta información trae abajo cualquier mito sobre depredación de la anchoveta que pudiera existir. Más bien confirma las buenas prácticas pesqueras de la industria.

De otro lado, es importante recordar que el promedio anual de desembarques de anchoveta para harina y aceite de pescado ha caído de 7.2 millones de TM en el período 2000-2008 a 4.1 millones de TM en el período 2009-2017. La caída se dio principalmente en el Gobierno de Ollanta Humala, cuando fue Ministra Gladys Triveño, cuya gestión se caracterizó por malas políticas regulatorias –luego sancionadas por la Corte Suprema- y bajas cuotas de pesca sin sustento. Lo anterior ha impactado en la rentabilidad del sector, la cual ha pasado de 20% en 2011 a negativo en 5.9% en 2017.

Finalmente, desde la Sociedad Nacional de Pesquería vemos con interés que se discutan estos temas de manera técnica y con argumentos, en que se debe escuchar a líderes mundiales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Banco Mundial, OECD, entre otros.

Foto: Comunicaciones SNP