Reforma Pendiente

Cayetana Aljovín
Presidenta SNP
Diario Correo

En los últimos años, la institucionalidad se ha convertido en un factor clave no solo para mejorar el clima de negocios y atraer inversiones a nivel mundial, sino también para brindar calidad de vida a los ciudadanos. El Perú no está ajeno a esta exigencia.

De acuerdo con el Ranking de Competitividad Global 2019, a cargo del Foro Económico Mundial, el Perú se ubica en el puesto 94 de 141 países evaluados en el pilar de institucionalidad. Este resultado no es nada auspicioso pues representa una caída de cuatro posiciones respecto al año previo.

Lamentablemente, este indicador no mejorará en la próxima medición dada la coyuntura actual donde los ciudadanos estamos en medio del enfrentamiento diario entre Ejecutivo y Congreso, lo que traerá consecuencias negativas en la atracción de nuevas inversiones, que hoy se requieren para revertir la caída del PBI -estimada en 12% este año- y la pérdida de los más de 6 millones de empleos a consecuencia de la pandemia.

Por ello, urge llegar a acuerdos pro institucionalidad que conlleven a la aprobación de reformas que la fortalezcan, entre las cuales se encuentra pendiente la definición de lo que constituye una incapacidad moral permanente que puede llevar a la vacancia presidencial, así como de los mecanismos de control político existentes y la instauración de un Senado que coadyuve a evitar el populismo que una cámara única puede conllevar.

Si como sociedad civil no exigimos estas reformas de fondo, no reclamemos luego la inacción de nuestra clase política. Tenemos la oportunidad para retomar como país un compromiso serio y firme para fortalecer nuestras instituciones y volver a la senda del crecimiento.